Los dos robos cometidos durante las pasadas navidades en yacimientos romanos de la provincia de Burgos, el hurto de la corona de la Virgen de la Fuencisla, la patrona de Segovia, aunque en este caso con final feliz, y el reciente expolio en el museo burgalés de San Pedro de Cardeña vuelven, a poner de manifiesto uno de los problemas endémicos que sufre el extenso y singular patrimonio cultural de la región.
La propia Guardia Civil estima que uno de cada tres robos de obras de arte que se contabiliza en España se registra en Castilla y León, donde en los últimos seis años se han denunciado la desaparición de unas 2.000 piezas, la mayor parte robadas en edificios religiosos. Sólo el pasado año seis de cada diez expolios contra el patrimonio tuvo lugar en iglesias, conventos o ermitas.
Proceda de yacimiento arqueológico, de un museo o de una iglesia, una vez cometido el robo, el recorrido del botín es el mismo, dado que los hurtos por encargo, según se indica desde la Guardia Civil, representan un porcentaje mínimo. El paso siguiente de los ladrones es introducir la pieza en los circuitos de compraventa de obras de arte y antigüedades, proceso que comienza varios meses después del robo. El encargado de colocar la pieza en el mercado no es el autor del robo, sino el intermediario o perista, el cual tiene los contactos necesarios con anticuarios, coleccionistas o particulares, siempre en puntos alejados del lugar de sustracción. Estos intermediarios, según se indica desde la Unidad Central Operativa de la Policía Judicial de la Guardia Civil, tienen conocimientos artísticos fruto de una amplia experiencia, aunque sin ninguna base académica y generalmente no son profesionales establecidos con comercio legal.
Pero antes de que la pieza sustraída llegue al destinatario final, normalmente habrá pasado por varias manos, es decir, “se habrá blanqueado, utilizando un símil del tráfico de drogas”. Hay que tener en cuenta que cuando una obra aparece en un comercio, normalmente el anticuario desconoce su origen ilícito, pues de otra forma no la tendría expuesta a la vista del público. Otra situación muy distinta es que la tenga oculta en un almacén o en algún otro lugar no visible, aunque desde la Guardia Civil se destaca que la mayoría de los anticuarios no “trabajan al margen de la ley”. No hay que olvidar que los de establecimientos de antigüedades o de numismática tienen la obligación de llevar un libro de policía, donde tienen que reflejar detalladamente todos los movimientos de las piezas que se encuentren en el comercio.
Exportación
En algunos casos, las obras de arte robadas son trasladadas al extranjero donde es mucho más difícil su localización, siendo en países europeos con mercados de obras de arte y antigüedades más desarrollados en los que con frecuencia se detectan piezas robadas. En 1999, la Guardia Civil desarticuló un grupo dedicado al expolio y a su posterior exportación ilícita hacia otros países mediante subastas por internet, en la que se intervinieron más de 9.000 piezas. La mayoría de los envíos se realizaban a Estados Unidos, aunque también se comerciaba con otros países como Australia, Canadá, Alemania o Francia.
El éxito de las investigaciones policiales depende del recorrido de las piezas por el circuito clandestino y, en muchos casos, la recuperación de la pieza se produce años después de su robo. Un ejemplo fue la ‘Operación Alejandro’, realizada recientemente y con la que la Guardia Civil recuperó en la localidad madrileña de Valdemoro siete pinturas robadas en una urbanización de la localidad abulense de Maello. Figuraban cuadros de Dalí, Sorolla, Rosen Roses y Gustavo Doré, entre otros, valorados en unos cuatro millones de euros. Hasta 2002 se remonta la investigación de este caso, cuando un ciudadano denunció el robo en su domicilio.
En cuanto a templos que han sufrido expolios continuados y algunas de sus piezas se han logrado recuperar años después, la Guardia Civil destaca la capilla del Hospital Simón Ruiz, en Medina del Campo, cuyas dependencias se encuentran inhabilitadas desde hace varias décadas. Este edificio, así como todo su contenido, fue declarado Bien de Interés Cultural en agosto de 1991.
Al encontrarse inhabilitado y en estado de abandono, durante varios años los saqueadores accedieron a la capilla del inmueble practicando butrones en las habitaciones contiguas que en su día fueron utilizadas por los enfermos, siendo sustraídos gran cantidad de objetos. Mediante investigaciones que se iniciaron por el Grupo de Patrimonio Histórico de la UCO, durante una inspección llevada a cabo en la Feria Internacional de Arte y Antigüedades (Feriarte) celebrada en Madrid, en el marco de la Operación Galeno, fueron recuperadas a principios de 2009, 22 piezas de este hospital e imputadas dos personas.
Arqueólogos
Pero aunque el enorme y disperso patrimonio artístico de la Iglesia en Castilla y León es el principal objetivo de un mercado ilegal que en España puede llegar a mover al año unos 5.000 millones de euros, los yacimientos arqueológicos, unos 23.000 catalogados en toda la región, tampoco se libran de la acción de los delincuentes.
Hasta no hace mucho tiempo los grandes enemigos de los yacimientos arqueológicos eran los furtivos, personas apasionadas de la historia y empedernidos coleccionistas. Por lo general, delincuentes ocasionales, sin un claro ánimo de lucro y que emplean medios rudimentarios, a pesar del daño que han causado gracias a los detectores de metales, la herramienta más temida por los arqueólogos y los agentes de la Guardia Civil. Pero aunque preocupantes son los furtivos, en los últimos años los yacimientos arqueológicos se han convertido en objetivos de otro tipo de ladrones mucho más dañinos para el patrimonio y que actúan como auténticas mafias.
Carlos Sanz Mínguez, profesor titular de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, y responsable de las excavaciones del yacimiento vallisoletano de Pintia, asegura que “aunque hasta ahora Andalucía ha sido la región más afectada por estos expolios, Castilla y León también se está convirtiendo en objetivo de estas mafias. En el propio yacimiento de Pintia, agentes del Seprona y guardas forestales de la Junta ya nos han advertido de la presencia, cada más frecuente, de personas sospechosas”.
Si difícil es poner puertas al campo e instalar sistemas de vigilancia en todos los yacimientos, más difícil resulta la lucha policial contra estas redes, y eso a pesar que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional cuentan con unidades especializadas en robos contra el patrimonio cultural.
Tanto para Sanz Mínguez, como para otros arqueólogos consultados por la agencia Ical, no se trata de poner el acento en las medidas represivas, “aunque parece claro que hay que endurecer la ley”, sino en poner en marcha campañas de concienciación. Los arqueólogos tienen claro que sólo se quiere y se cuida aquello que se conoce, por lo que piden que desde las administraciones se explique la importancia del patrimonio cultural.
Lo fundamental sería tener una conciencia colectiva y que cuando se produce un expolio el sentimiento generalizado fuera que “nos están robando a todos una parte de nuestra historia”. Además de una colaboración más estrecha con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Sanz Mínguez pide que se potencien los yacimientos arqueológicos como motores de desarrollo económico y social de las comarcas. “Al igual que ha ocurrido con la conciencia ecológica, algo que hace unos años no existía en España y ahora tiene una gran importancia en todos los aspectos, lo mismo debe ocurrir con el patrimonio histórico y cultural”.
Fuente: Leonoticias.com
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